Se ha dado un verdadero contrapunto de sombras en torno al rechazo al proceso constituyente. Este rechazo hace rato que ya está lejos de constituir un grupo homogéneo y una sola bandera política. Efectivamente, es transversal, pero cabe precisar los actores en juego. Existe un sector del mundo de la izquierda que ve en este proceso la perpetuación de la “cocina” realizada el 15 de noviembre del 2019, a espaldas de la ciudadanía (es bueno recordar que el PC se mantuvo al margen de aquel “Acuerdo”, pero ahora se sube oportunamente al carro del aprobismo). Ese sector, que yo identifico como “anarco comunitario”, sostiene, a mi juicio, que es preferible marginarse de la competencia oligárquica para así mantener una visión crítica en pos de un compromiso con las “bases” para construir el llamado poder popular deliberativo y autónomo. En el fondo, acusan que el proceso constituyente fue otra maniobra de la casta política continuista del “modelo” (a través de la ley 21.200) para parasitar de la sociedad y ponerle cortapisas a las “transformaciones” que aquel legendario estallido de octubre estaba llamado a empujar. Por lo tanto, la nueva Carta Magna no haría, para ellos, más que reforzar el poder del Estado representando a “los mismos de siempre” y no impulsando aquellos cambios sustanciales que se estimaban desde el espíritu octubrista, como lo es la soberanía y la participación vinculante.
Por otro lado, existe un sector del mundo de la derecha que ve en este proceso la consolidación institucional de una insurrección planificada durante muchos años por la “izquierda radical” y que tuvo su punto de eclosión en aquel Octubre Rojo. El “Acuerdo”, para ellos, constituye la complicidad de toda la clase política con esta “revolución” en curso, de espaldas a la sociedad, a Chile y a su tradición republicana. Ese sector, muy cercano a los “libertarios”, plantea, desde mi visión, que es urgente frenar toda tentativa insurreccional en el seno de la política chilena, con tal de conservar la distancia crítica con el poder y frustrar el avance de un Estado hipertrófico que pisotea las libertades individuales de los ciudadanos. Muy en el fondo, denuncian que el proceso constituyente no es más que un complot de los políticos globalistas de izquierda y de derecha para vender la nación a ciertos poderes fácticos y cumplir ciertas agendas internacionales que instan a socavar el Estado Nación y a perturbar el orden en la patria, a costa del destino de todos sus compatriotas.
Dos espectros del Rechazo se plantan firme a la hora de conspirar para que no se apruebe la actual propuesta de Constitución. No así con respecto al proceso en curso en nuestro país. Ambos difieren en sus posturas teóricas, en sus consignas y en sus deseos, pero comparten ambos, -aunque por razones distintas-, un sentimiento de repulsa a lo que se está viviendo. Inconformistas, ajenos al mainstream mediático, procuran “salvar” algo, el país, la lucha, las bases, el orden, de algo que los amenaza, esto es, la Nueva Constitución. Esta representa, para ellos, el amarre definitivo, el texto maestro con el cual se consolidan los planes del “enemigo” en cuestión. Pese a confluir en un mismo escenario y en una dirección similar, ambos sectores, ambas sombras, están lejos de constituir un puro bloque organizado, coordinado y coherente. Es más, acarrean en sí mismos fuerzas del todo disímiles pero que vibran bajo un tenor de malestar y escepticismo. Para el resto, el aparataje de los que aprueban y rechazan para reformar, hay que visualizar el futuro del país con esmero y con plena convicción de que el espíritu común es el de la reforma, sinónimo de los grandes cambios, “en la medida de lo posible”. En cambio, para ellos, siempre sombríos, a la espera del acabóse, se trata de contraponer resistencia a los poderes en pugna que, de lado y lado, se proponen, a toda costa, instalar la narrativa del cambio constitucional como garantía máxima de la alegría que vendrá para quedarse, esta vez, para siempre, aunque ya no quede suelo que pisar ni frontera que cruzar.
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