sábado, 28 de mayo de 2022

Ecce homo (poema)

Quédense su hombre deconstruido.
Quédense su hombre nuevo.
Quédense su transhumano del futuro.
Yo seguiré siendo el que soy,
Aunque ya no quede tierra que pisar.
Cuando se declaró el Acuerdo por la Paz, para nosotros, en cambio, se declaró la guerra, sucedida por una peste y un insufrible antagonismo.

Nueva Constitución: la batalla por el plebiscito de salida y las “otras” fuerzas del Rechazo.

La batalla por el plebiscito de salida

Con el borrador de la Nueva Constitución en mano, se vienen meses de batalla campal entre aprobistas y rechacistas. Todos están a la expectativa. Nadie sabe realmente cuál opción será la vencedora. Cada uno quiere creer que su opción es la mejor para el país. Pero lo único cierto es que se profundizará aún más en la división ideológica. Sea cual sea el resultado, la disección nacional continuará y, de no detenerse, Chile podría llegar a un punto de no retorno, en que se volvería una nación en guerra interna.

Pese a esta incertidumbre, se precisa tomar una posición pragmática de cara al plebiscito de salida. El gran problema es que tomar partido por un lado implica inmediatamente, para el inconsciente colectivo, anular, caricaturizar o deshumanizar al contrincante. De esta forma, la discusión sobre un proceso constitucional, que debería unir a los compatriotas, ha acabado, irremediablemente, por aumentar aún más la fisura entre dos visiones políticas antagónicas. Y he aquí que debemos hacer un alto para aceitar la maquinaria de la reflexión.

Se ha dicho repetidamente, a través de las distintas plataformas partidistas, que inclinarse por una opción significaría la salvación y decantarse por la contraria representaría el caos absoluto. Esta manera binaria y torcida de ver la realidad política del país solo ha redundado en un completo divisionismo y sectorialismo, muy lejano de una perspectiva integral y una mirada con mayor altura de miras. Así, la bandera del Apruebo ha sido la punta de lanza de la nueva hegemonía: un gobierno progresista que dice buscar la demolición del sistema neoliberal para instalar, en su lugar, un sistema en donde el Estado cobre mayor preponderancia. Por su parte, la bandera del Rechazo ha sido la oposición a aquel proceso revolucionario. La reacción a la oleada del cambio, para mantener, según dicen, la actual Constitución en su lugar.

Frente a estos lineamientos, surge de inmediato la pregunta: ¿Aprobar el borrador te vuelve automáticamente del bando de la izquierda progresista, la clase trabajadora y la vanguardia iluminada? Y, por otra parte ¿Rechazar te vuelve automáticamente del bando de la derecha conservadora, la clase burguesa y la oligarquía chilena? Son estos dos puntos de vista antagónicos, precisamente los que deben examinarse y problematizarse, en pos de una elección concreta frente al plebiscito de salida.

Si hablamos de los aprobistas, aquellos sectores políticos que están por el Apruebo a la Nueva Constitución, es posible identificarlos de manera más o menos certera. En su mayoría, se trata de aquellos grupos asociados a la nueva izquierda progresista, los cuales tienen como máximos referentes a los actuales representantes del gobierno y a los convencionales de izquierda, que constituyen un grupo numeroso, por no decir mayoritario. También, dentro del Apruebo, se encuentran, por supuesto, aquellos relacionados directamente con los partidos tradicionales de la izquierda chilena: los del Partido Radical, el Partido Socialista, el Partido Comunista e incluso altos representantes de la ex Concertación.

Cuando hablamos de los rechacistas, los sectores políticos que apuntan a rechazar el proyecto de Nueva Constitución, la cuestión, en cambio, comienza a hacerse un poco más compleja en su cabal representatividad ¿por qué? Porque ya no basta con señalar a los rechacistas como los “zorrones” de la política chilena, relacionados directamente con la derecha neoliberal, con aquella clase privilegiada, aquellos herederos, cómplices o simpatizantes del legado de la Dictadura y la corporatocracia que mantiene capturado a este país, a través del monopolio de sus medios de producción, sus recursos naturales, su historia pasada, presente y futura. No. Este proceso de crisis estructural y atomización de las fuerzas que se fue gestando durante los gobiernos de la Concertación y que tuvo su máximo punto de eclosión el 18 de octubre del 2019, ha demostrado que el cisma del poder político imperante es mucho mayor de lo que se creía, difuminando incluso los límites sectoriales que se creían insuperables y que han instalado la lógica del divide et impera en la mente y el corazón de la ciudadanía de a pie.

Las “otras” fuerzas del Rechazo

Seamos claros, de una vez por todas: rechazar el borrador de la Nueva Constitución ya hace mucho rato que dejó de ser una mera reacción de la clase privilegiada y del poder conservador frente a una improbable “amenaza marxista”. Rechazo ya no equivale exclusivamente a la derecha. Las miradas se diversificaron. Las fuerzas políticas han mostrado sus propios roces internos. El panorama geopolítico, así, ha obligado a repensar la implicancia de cada uno de los pretendidos avances en pos del cambio de paradigma. Pensemos, por un instante, más allá de la oxidada antinomia izquierda-derecha, con toda su respectiva carga histórica. Hagamos una lectura de aquellas fuerzas alternativas que han ido surgiendo, ajenas al circo mediático y al aparato comunicacional. Encontraremos en esa avanzada rechacista, una multitud de actores que no se identifican necesariamente con la derecha política, y que tampoco se divorcian totalmente de la izquierda tradicional. Incluso hay, dentro de esta multitud, agentes que abogan, decididamente, por una “tercera vía”, buscando desmarcarse del maniqueísmo político de nuestro país.

Los primeros actores de esta avanzada son, aunque suene increíble, izquierdistas. Se manifiestan deudores de la insurrección de octubre, románticos del estallido social, pero totalmente contrarios a la institucionalización del proceso posterior al Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Fue justamente aquel acuerdo realizado “a espaldas” de la ciudadanía, el que traicionó, según ellos, las fuerzas disputadas durante la revuelta, aplacando su espíritu. Entonces, abogan por mantener viva la llama de la inconformidad desde las llamadas “bases”, en las calles, en las comunidades. Sin embargo, y he aquí lo interesante, cuestionan a los propios partidos políticos tradicionales de izquierda que se arrogan la representación de esas “fuerzas populares” para impulsar su carrera en el Estado. A partir de la definición hecha por Max Weber sobre esta entidad monopólica, impulsan su principal crítica al borrador de la Nueva Constitución. Señalan que una Constitución debería concebirse para proteger a cada persona del poder del Estado. Pero advierten que los 499 artículos planteados en la propuesta de Carta Magna aumentan considerablemente el poder estatal sobre prácticamente todos los ámbitos de la vida en sociedad, poniendo a los chilenos a su merced. Léase aquí poder estatal como poder coactivo por sobre los particulares. Así, este sesgo autoritario permite suponer que el enemigo al que intenta contener la futura Nueva Constitución no es el Estado y su monopolio de la violencia, sino que los propios ciudadanos y sus expresiones de masas.

Otro argumento que esgrimen los actores de esta “izquierda disidente” consiste, de nuevo, en el poder excesivo del Estado, sobre todo en lo referente a la llamada plurinacionalidad. Plantean que el concepto de nación, concepto moderno, no tiene nada que ver con las autonomías culturales y territoriales invocadas por distintos grupos del activismo indígena en la Araucanía. De acuerdo a esta visión, imponer el término plurinacionalidad, lejos de restaurar el habitar autónomo de aquellos grupos, desataría un conflicto de intereses todavía mayor, al poner en peligro la unidad nacional mediante la eventual aparición de una serie de fronteras territoriales no del todo definidas. Así lo planteó claramente la abogada Carola Canelo, en su cuestionamiento al borrador de la Nueva Constitución. Siguiendo la misma idea, se ha afirmado que el borrador tiene una impronta racista, precisamente, al incluir normas relativas a la plurinacionalidad, la autonomía territorial y los escaños reservados por raza en todos los niveles, cuestión que al comienzo del proceso constituyente nunca fue concebida ni transparentada a la ciudadanía. Esta fue la postura sostenida por la escritora y filósofa Lucy Oporto, quien ha sido escéptica inclusive del “estallido social” vivido a partir de 18/10, advirtiendo que todo degeneró en una barbarie desatada y una miseria de orden no solo social, sino que espiritual. Por lo tanto, Oporto ha sido enfática en señalar que votará rechazo, principalmente, debido a este pecado de origen, lo cual no implicaría, para ella, reivindicar la actual Constitución realizada durante la Dictadura cívico militar. Todo lo contrario, cuestiona el simple hecho de que ambas, de acuerdo a su juicio, “se originaron en la barbarie”.

Por otra parte, se ha dicho que en el borrador de la Nueva Constitución no se explicita nada relativo a la concesión minera plena y la ha reemplazado, en cambio, por un régimen de concesión indeterminado, lo cual implicaría que cualquier intento por nacionalizar aquellos recursos mineros no estaría garantizado directamente. Todo se resume en que la Nueva Constitución consagra al Estado como garante de muchos derechos, sin estipular realmente cómo serán garantizados en la práctica. Para sostener este argumento, se ha citado una y otra vez el artículo 12 del capítulo cinco de la Constitución de 1833, el cual establecía que, de acuerdo a la igualdad ante la ley, no hay clase privilegiada. El chiste, claro está, se cuenta solo. Casi doscientos años de historia republicana con un artículo que garantiza la igualdad ante la ley, y la realidad, abiertamente, se resiste a cumplir con lo escrito en aquella Constitución decimonónica.

Existen otros actores asociados a un creciente nacionalismo de “tercera vía” que no se identifican ni con la derecha ni con la izquierda política. Uno de sus dardos al borrador apunta a que no garantizará ni por asomo la nacionalización de los recursos mineros, resultando en un marco jurídico tan neoliberal como el de 1980. De ese modo, estos actores cuestionan la mirada de la izquierda progresista, señalándola como cómplice del status quo al no “tocar el corazón del sistema” y limitándose solo a seguir una agenda global que no vino realmente desde las bases que dicen representar, sino que desde los lineamientos de las elites financieras. El problema, señalan, estriba en que esta Nueva Constitución no permitirá nacionalizar la gran minería, tal como lo planteó Allende en su tiempo. De acuerdo a esta visión, el próximo presidente de la República o, para ser más precisos, el Ejecutivo, podría tener como medida principal de su programa la nacionalización por decreto supremo, en virtud de la potestad reglamentaria autónoma del artículo 32 de la Constitución del 80. Lo señaló el economista y abogado Julián Alcayaga, citado por Pedro Kunstmann del Movimiento Social Patriota. Con la aplicación de aquella medida, tendríamos un auténtico cambio en la política económica del Estado nación, pero precisamente ha faltado la voluntad política para llevar a puerto ese cambio, cosa irrelevante para las altas esferas del poder.

Además del tema minero, una de las principales críticas de los actores nacionalistas tiene como punto clave el rol de la ONU en la escritura del borrador. Desde agosto de 2021, quedó establecido el compromiso de cooperación de las Naciones Unidas con el proceso constituyente, lo que significará aplicar a la Carta Magna cada uno de los puntos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible. ¿Se consultó a la ciudadanía respecto a este compromiso de cooperación? Por supuesto que no, y eso es lo que discuten las nacionalistas. Ven con malos ojos, y con justa razón, que una entidad transnacional se entrometa en un proceso que se suponía soberano y popular. Lo que se vendió como una iniciativa política sin precedentes en la historia de Chile acabó siendo otro malabarismo institucional que vuelve a someter al país al poder global, solo que ahora con el eufemismo de la “solidaridad entre naciones” o, mejor dicho, “servilismo a las corporaciones”.

Los últimos actores de la nueva cruzada por el Rechazo toman elementos de los izquierdistas disidentes o de los nacionalistas de tercera vía, aunque no se definen por ninguna doctrina. Son los que atacan a la Nueva Constitución pero desde una perspectiva “fuera de la máquina”. Señalan que el origen mismo del proceso constituyente está viciado desde sus raíces y que Chile, en el fondo, nunca despertó, sencillamente, ingresó a otro nivel de sueño. Según ellos, Chile vuelve a ser parte de un experimento a escala mundial. De ser un país pionero en implementar el neoliberalismo, ahora será la vanguardia latinoamericana en implementar el modelo ONU de Desarrollo Sostenible, que no es otra cosa que la famosa Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Por otro lado, afirman que la formación de la Convención Constitucional no fue, de ninguna manera, libre y soberana, como lo pretendía una verdadera Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque esta Convención nació producto del refichaje ilegítimo de los partidos políticos, desplazando siempre a los verdaderos independientes. Eso se prueba en el hecho de que solo 155 convencionales, en su mayoría, de izquierda radical, escribieron una Constitución para todo Chile. También se prueba aludiendo a la trampa de la ley 21200, en cuyo artículo 135 se prohíbe a los convencionales declararse “soberanos”. Entonces, tenemos que, en base a esta visión, todo termina siendo operado por los dueños del sistema financiero internacional para reemplazar la actual Constitución escrita por “cuatro generales”, que, a su vez, también fue auspiciada por los mismos dueños del sistema financiero internacional. Esto fue lo que advirtió Jorge Zamora, uno de los promotores del Movimiento Democracia Directa. Al final, como dice el dicho que avala el quehacer de los dueños del mundo: “Cambia todo para que nada cambie”. Siempre se trató, a la larga, de instalar un nuevo orden en el caos. Acaso sea esta una posible aproximación del concepto de Nuevo Orden Mundial aplicado a la urgencia por redactar en Chile una Nueva Constitución y sobrescribir, como en un palimpsesto, nuestra historia y nuestra memoria dormida bajo el influjo del sueño global.