Un delincuente prófugo asesinó a carabinera en Quilpué, la Sargento Rita Olivares, durante procedimiento en robo en lugar habitado. Las reacciones no se han hecho esperar. Tanto desde la ciudadanía como desde la vereda política, apuntan a la inoperancia de las autoridades de gobierno y a una situación de crimen desbordado, producto de factores críticos, cuestiones que se pueden discutir abiertamente. Pero, sin duda, una de las reacciones más miserables son las de quienes instrumentalizan el hecho con fines partidistas y las de quienes lo usan para aplicar la falaz ley del empate, que no es otra cosa que un resentido impulso de venganza contra la institución completa, como si los uniformados de a pie tuvieran la culpa de lo que hubieran hecho otros colegas el 18 de octubre de 2019, o de lo que han hecho o no los altos mandos en el marco de ciertas causas por corrupción. Existen, claro está, responsabilidades de lado y lado en este caso particular. El asesino, por ejemplo, estaba prófugo desde el gobierno de Piñera 2 (2021) y siguió escondido de la ley hasta mucho después. Sin embargo, el cuestionamiento también va dirigido a quienes promovieron con entusiasmo el desprestigio del accionar de Carabineros, alimentando así la desconfianza de la ciudadanía, cooptada por ciertos grupos de interés. Aquellos que, en su momento, repitieron lo del ACAB, lo de la "yuta" o lo de "la paca no es sorora" y demás tonterías octubristas, debieran reflexionar sobre estos crímenes, con la respectiva autocrítica discursiva, no solo apelando a la manida forma de la "violencia estructural" y debieran dejar, de una vez, ese maximalismo visceral que nos precipitó, en gran parte, a esta situación de anomia generalizada, por cierto, muy conveniente para quienes nos controlan desde lo alto, en su ánimo disolvente de la cohesión social y nacional. Nunca es tarde para la reivindicación.