En Chile, la gestión del ministro de salud ha sido duramente cuestionada, sobre todo después de una desafortunada declaración en la cual señala que todas sus proyecciones epidemiológicas se han derrumbado como si fueran “castillos de naipes”; además, ha dicho que desconocía la “magnitud de la pobreza y del hacinamiento” que están viviendo muchos sectores de la población, agudizada todavía más por el problema sanitario. Todas estas señales de inoperancia fueron interpretadas en forma de indolencia por parte de la oposición, incluso desde el propio oficialismo, lo cual ha llevado a generar el debate en torno a la urgencia de las cuarentenas. El gobierno ha procrastinado estas medidas hasta el extremo y ha propuesto, en cambio, retomar poco a poco el hilo de la productividad económica, sobre todo cuando los números de contagiados aún no parecían lo suficientemente preocupantes ni alarmantes. Eso le valió una crítica férrea, en circunstancias de que el Colegio Médico y ciertas investigaciones expertas respecto al avance del patógeno ya habían advertido que la situación se iba a volver cada vez más peligrosa frente a la inminencia del invierno y que, definitivamente, el virus no se iba a volver “mejor persona”. Por ello, el gobierno, un tanto arrinconado, ha salido a desmentir las declaraciones sobre al aumento de contagios debido a los llamados a la “nueva normalidad” y el “retorno seguro”, y se propuso ir estableciendo cuarentenas cada vez más estrictas en sectores estratégicos como la Región Metropolitana y, prontamente en la Quinta Región, buscando de esta manera paliar los errores cometidos y enfrentar el emplazamiento de los sectores más disidentes, los cuales, en su mayoría, claman para que la clase política “salga de su burbuja” y aplique de una vez por todas la cuarentena total en aquellas zonas más vulnerables del país, solo que esta medida saca a relucir, una vez más, el grave problema de fondo: el de la desigualdad en el acceso al empleo y los recursos básicos, porque, desgraciadamente, la cuarentena total, sus consecuencias, no son iguales para todos. Es más, pone en evidencia que, en efecto, las cosas no son así. 

Por otro lado, en Argentina, opositores al gobierno de Fernández, entre ellos, científicos e intelectuales, se han puesto de acuerdo para cuestionar precisamente la cuarentena nacional, el ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio), que ya lleva más de dos meses. El cuestionamiento lo han hecho a través de una carta en la que, según dicen, el gobierno ha encontrado en la llamada “infectadura” un relato legitimado por expertos para mantener un estado de cosas que atentaría peligrosamente con la propia democracia del país, bajo el pretexto de la seguridad pública. Desde el gobierno han salido a replicar los dichos de la carta, argumentando que no son pro cuarentena, sino que “anti muerte”, por lo que la cuarentena establecida por decreto es únicamente una medida provisoria. En este punto, el ministro de salud argentino señaló que por ningún motivo se está pasando a llevar la libertad de los individuos, como así lo creen, según él, sectores de la derecha (o, mejor dicho, liberales), sino que se está priorizando el bien común, el derecho colectivo a la vida. O sea, se está planteando un escenario un tanto distinto al chileno en este sentido: mientras que en Chile la oposición llama al gobierno a declarar cuarentenas cada vez más fortalecidas en pro de la seguridad social, en Argentina la oposición está más o menos convencida de que la cuarentena nacional indefinida ha redundado en perjuicio más que en beneficio, y quizá esto se deba a los distintos colores políticos que presiden cada país. 

La cuarentena se ha convertido, a la vez que en una política, en una disyuntiva ética. El quid del asunto estriba en la radicalidad del debate en torno a la necesidad de su implementación. Mal que mal, esta medida juega con un derecho humano intrínseco: la libertad de acción, que puede eventualmente entrar en conflicto con la legalidad y la seguridad colectiva. Pero la interrogante que cabría hacerse, para tantear una posible conciliación, sería la que planteó el periodista Ernesto Tenembaum, muy certeramente en un artículo: cuántas vidas se está dispuesto a sacrificar en pos de las libertades perdidas (tras la debacle).