Durante el presente año, todos los Poderes del Estado, así como los profesores y estudiosos del Derecho Constitucional han estado ocupados en la redacción de una nueva Constitución para Chile, que reemplazará a la Carta de 1980, promulgada por la dictadura del general Pinochet, pero que ha sido objeto de importantes reformas tendientes a adaptarla a los tiempos modernos.
Hace un par de meses, después de un estudio comparativo con otras constituciones contemporáneas, descubrí que el proyecto chileno, cuyo texto pasó a la comisión de Armonización de la Nueva Constitución, no era más que una copia imitativa de la nueva Constitución de Bolivia, que estudiaba la comisión de Armonización de la Nueva Constitución.
Al advertirlo, envié al “Diario Constitucional” un estudio demostrativo de este plagio vergonzoso, que no se condice con la tradicional madurez política del pueblo chileno ni con una reforma destinada a orientar nuestro futuro desarrollo.
Curiosamente, nadie se ha atrevido a reconocer sus errores y, si uno escucha las noticias acerca de la nueva Constitución, ellas se dividen entre los que están por aprobar el proyecto con retoques de aderezo y quienes se ubican en el campo contrario, pero sin atreverse a rechazarlo. Esta actitud elusiva frente a un proyecto llamado a marcar la orientación del desarrollo económico y social del país, me ha movido a denunciarla por su falta de honestidad y de compromiso con el futuro de nuestra patria.
El proyecto en “Armonización” no es más que una copia servil de la Constitución boliviana de febrero de 2009, que tal vez sea apta para el pueblo boliviano que la aprobó, pero que resulta una vergüenza para el pueblo chileno, cuya madurez política ha sido reconocida por los países de todo el mundo y que responde a una tradición unitaria compuesta por un solo Gobierno, un solo Estado, una sola nación, la que afirma y renueva su identidad en cada elección y en cada referéndum en que confirma su veredicto democrático.
Mi opinión terminante consiste en rechazar un proyecto ajeno a lo que somos y a lo que requerimos para nuestro desarrollo futuro, encargar a los Poderes constituidos que se pronuncien al respecto, y recuperar el tiempo perdido encomendando a nuestros especialistas en Derecho Constitucional que redacten una Carta que sirva los intereses y necesidades de Chile y no imite constituciones extrañas que en nada nos representan.
Prof. Dr. Lautaro Ríos Álvarez
Profesor emérito de la Universidad de Valparaíso
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