domingo, 17 de mayo de 2020

Javier Milei, el polémico economista libertario de Argentina, se declaró hace poco en contra de la llamada “cuarentena cavernícola” del gobierno, por la sencilla razón de que si se lleva a un extremo, la producción baja a cero y así tampoco se puede consumir ni proveer nada, ningún bien de primera necesidad. Conviene en que la cuarentena fue obligada en circunstancias de que no se sabía muy bien la naturaleza científica ni la capacidad de alcance del virus, pero resultaría a la larga en un arma de doble filo prolongarla demasiado sin tomar un plan de acción seguro que permita salvaguardar la fuerza de trabajo y la circulación del mercado pese a la pandemia. En definitiva, lo que defiende Milei, de acuerdo a su postura liberal, es el llamado “respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo”, el criterio propio, la autonomía que tampoco pueden ser pasadas a llevar so pretexto de establecer controles estatales no suficientemente fundados. La cosa es que estos dichos, que expuso abiertamente en los programas de televisión, le valieron a Milei ser denunciado penalmente por supuesta incitación al delito ¿cuál era ese? Un llamado a la desobediencia civil rompiendo las cuarentenas establecidas por norma. No es novedad el severo castigo que reciben aquellos que salen a las calles durante los toques de queda, sin el requerido salvoconducto. Aquí en Chile, por ejemplo, los beligerantes son detenidos al oponer resistencia y reprendidos con multas millonarias. Nadie cuestiona, en todo caso, que ante un descontrol de proporciones sea urgente tomar resguardos públicos de carácter radical. Lo que se discute más bien es la implicancia que eso pueda tener finalmente sobre la libertad y soberanía de los individuos. A qué punto podría llegarse a lo que Foucault llamaba la práctica del “biopoder”. Milei es enfático en esto, y se asume completamente liberal, por el hecho de que para él el Estado es el problema de base, el agente monopólico del poder por excelencia.
El gran debate ahora es: ¿Cuarentena total o reactivación gradual? Este versus en parte ya había sido planteado durante las primeras semanas del brote en Chile. El enfrentamiento se dio entre los puntos de vista de la presidente del Colegio Médico, Iskia Siches y el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Iskia consideraba que era necesario paralizar todas las actividades y apelar a una cuarentena generalizada ante el inminente riesgo de contagio de los chilenos, priorizando su salud antes que nada; y Mañalich advertía que paralizar todo hasta nuevo aviso era una medida extrema en vista de la todavía incierta curva de contagio, señalando que no debía descuidarse el sector productivo. Ante esta disyuntiva, se planteó el falso dilema entre salud vs economía en el contexto de la creciente pandemia. Esto constituye una falacia por la sencilla razón de que ese dilema solo respondía a una polarización política en las perspectivas de Iskia y Mañalich respecto a la influencia del virus, y también por el hecho de que una cosa no puede concebirse sin la otra para que el orden social retome su curso a pesar de la crisis. En efecto, una medida restrictiva en aras de la protección a la salud pública es contraproducente porque afecta directamente el ámbito laboral y empresarial: muchos negocios pueden quebrar, o muchos trabajadores pueden ser despedidos sin remedio, por lo cual se ha hecho necesaria la instauración de una Ley de protección del empleo que pudiera salvaguardar la fuente de ingreso de muchas personas, la cual incide a su vez en su salud como condición base para poder seguir desenvolviéndose en sociedad. Por lo tanto, el tema de la salud y la economía no pueden entenderse bajo una simple dicotomía, sino que son conceptos tan imbricados entre sí que desarrollan un continuo. Y así deben concebirse en relación a su coexistencia con el virus. 

Pese a estas cuestiones, se ha vuelto a instalar en la palestra el planteamiento entre puntos de vista irreconciliables. Ante la cada vez más amplia escala de mortalidad que ha alcanzado el covid 19, se ha optado poco a poco por la medida de la cuarentena total, medida que ya había sido celebrada por Iskia y que ahora el oficialismo parece acoger con cierta reticencia. Las razones son categóricas. Dado el explosivo avance de la pandemia, el gobierno ha tenido que implementar una estricta cuarentena en el área metropolitana de Santiago, la cual seguramente se aplicará a regiones, conforme a la evolución del panorama. Todo esto habla del fracaso en el tono triunfalista del gobierno, que creyó que el pico de contagio ya había pasado, motivo por el cual se ordenó inicialmente un regreso a una “nueva normalidad”, y posteriormente, un “retorno seguro”, con tal de volver a empujar la economía del país. Pero no contaban con que todo se descontrolaría y habría que realizar un abrupto giro de guión, para no precipitar aún más el desastre sanitario. 

Considerando lo anterior, resulta paradójico que en un principio aquellos que se mantenían escépticos frente al avance de este nuevo virus, llamándolo incluso “montaje del gobierno” para frenar las réplicas del estallido social y para postergar el proceso constituyente, ahora le exigen al propio Estado que instaure de manera gradual el confinamiento total de la población. Y aquellos que promulgaban con fuerza la eventual campaña de normalización ahora se planteen decretar, en palabras de Karla Rubilar, “la cuarentena total en la RM y en todo el país de ser necesario”. Al parecer el virus ha tenido un impacto tal en el status quo que ha hecho pisarse la cola y ha obligado a desdecirse a ambos extremos de la política. 

Sin embargo, el dilema ya no pasa por oposiciones binarias, ni por salud vs economía, ni por cuarentena absoluta vs regreso a la rutina, sino que pasa por cómo reabrir la economía sin arriesgarse a un repunte de los contagios. Un grupo de científicos de Israel ha propuesto una solución razonable: la regla del 10-4, o sea, 10 días en cuarentena y 4 yendo al trabajo o a la escuela, aprovechando el período de latencia como punto débil del virus. Esta es una idea que suscribo, y que debería ponerse en práctica, porque ya no se trata de someter a la gente a un encierro deliberado con la excusa de la seguridad, ni tampoco de llevarla a una exposición irresponsable con el pretexto de la normalidad, sino que de encontrar un punto de equilibrio entre el repunte de la actividad económica y el combate sostenido contra el patógeno. Simplemente, no se puede estar encerrado toda la vida, pero tampoco se puede subestimar el peligro de la intemperie.