Y yo me pregunto: ¿a quién le han ganado esa tropa de aparecidos, talibanes de la moral que presionaron a J K Rowling por sus supuestos dichos tránsfobos, malentendidos y sacados de contexto?

Un pastor evangélico alega represión de parte de oficiales de carabineros en contra de un culto por reunir a sus fieles y transgredir las normas establecidas por el gobierno. En una entrevista en Chilevisión sostiene que la persecución contra el pueblo evangélico viene desde los orígenes del Pentecostalismo, y hoy, bajo el contexto del covid, se ha acentuado con la excusa sanitaria. El cuestionamiento que queda volando es el siguiente: ¿el cumplimiento de un orden público en aras del bien común riñe necesariamente con las libertades colectivas, en este caso, las reivindicadas por esta comunidad religiosa? A través de la discusión se dejan ver las diferencias internas dentro de la propia iglesia evangélica, cada cual adjudicándose la representación del resto. Están los que llaman a respetar los dictámenes de la autoridad del Estado y postergar las reuniones hasta nuevo aviso (Emiliano Soto); y están los que ponen en primer lugar la libertad de agrupación frente a lo que ellos llaman políticas represivas (José Lema Tello). Unos se basan en el respeto a los procedimientos gubernamentales en pro del “amor al prójimo”; los otros insisten en la bandera de lucha de la libertad de culto amparándose en los postulados de la Constitución y la Convención interamericana sobre Derechos humanos y, curiosamente, en una “ley de Dios” que se diferenciaría de las leyes terrenales hechas por los hombres. Sobre este punto, José Lema Tello repite que ellos no pretenden asumir la vocería de toda la comunidad evangélica, solo llaman a una horizontalidad, a un cierto ánimo de diversidad que, a su juicio, no se presenta en la Iglesia Apostólica Romana, con sus distintas jerarquías de poder. Es por eso que Lema Tello cuestiona a Emiliano Soto, diciendo que él solo es “Ministro del Señor” y no de los hombres, y, a su vez, Emiliano Soto le rebate señalando que con esa actitud cae en actitudes abiertamente anárquicas y contrarias al respeto de la autoridad que se deduce de cualquier hombre de fe. Podríamos decir, con seguridad, que gracias a un conflicto en pandemia, la ciudadanía puede apreciar dentro de la propia Iglesia evangélica a sus propios “liberales” y “conservadores”: los que se rebelan contra las vocerías, contra el gobierno y contra el propio bicho, argumentando que la única ley que respetan es la ley divina; y los que llaman a acatar las órdenes de los superiores, fundamentando que esas órdenes constituyen la palabra, la ley que resguarda los derechos básicos de toda la comunidad. Quién pensaría que los evangélicos, luego de saberse un grupo de feligreses más o menos homogéneo y de predicar maldiciones para todo el mundo profano, terminarían exponiendo con escándalo sus propias divisiones, sus propios estigmas, sus propias heridas en las manos, sin conciliación aparente.

Según una fuente anónima citada por el diario The Chosunilbo, Kim Jong Un anunció que tener un perro en casa es una tendencia burguesa, porque la gente común “cría cerdos y ganado”. Solo los ciudadanos más adinerados de Pyongyang, o sea, la élite de la élite, tiene perros de compañía. El mandatario ya advirtió que toda mascota canina será confiscada en nombre del Régimen socialista. Por eso, camaradas, sigan al compañero Kim y no recojan perros de la calle. Sean de raza o quiltros, eso da status social. Déjenlos vagar libremente, de lo contrario, se volverán cómplices de la burguesía.

En mayo, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos concedió permiso a la empresa Oxitec para producir los mosquitos macho Aedes aegypti modificados genéticamente, conocidos como OX5034. El Estado de Florida aprobó la liberación de millones de estos ejemplares para el 2021, con el fin de reducir el número de aquellos que portan enfermedades. Como consecuencia, agrupaciones medioambientales se manifestaron y firmaron una petición, denunciando que Oxitec estaba usando estados norteamericanos como laboratorio de pruebas. Todo esto, bajo el perenne escenario del coronavirus y en vías de las elecciones presidenciales reñidas por una crisis política entre demócratas y republicanos. Ahora resulta que el 2021 nos dará la bienvenida con una invasión de mosquitos mutantes, con un peligroso parecido al contexto esbozado en el capítulo Hated in the nation de Black Mirror, el cual mostraba cómo abejas robóticas concebidas para mantener a salvo el ecosistema luego eran hackeadas para fines oscuros. No quiero sonar conspiroparanoico, pero las coincidencias en la ciencia ficción son demasiado vistosas, y ya sabemos que en el fondo la ciencia ficción dialoga con un presente en potencia, una proyección de un espacio y un tiempo en ciernes.

Releyendo a Pablo de Rokha

Soy el hombre soltero, soy el hombre soltero que inventó la soltería,

un muerto errante llora debajo de mis canciones deshabitadas.

“Cría cuervos y te sacarán los ojos” ha sido la frase idónea para graficar la situación vivida por la familia Calderón Argandoña. El hijo menor se rebeló contra el padre acuchillándolo, en circunstancias extrañísimas. Ahora el propio padre, quien fuera su principal defensor, pretende denunciarlo y llevar la causa al ámbito penal. La madre, Raquel Argandoña se ha puesto de parte de su hijo agresor, y la hermana, Kel Calderón, de parte de su padre, el ofendido, en un drama que pasó de tener caracteres farandulescos a adquirir ribetes de tragedia griega. De hecho, puede tener un posible parangón en el complejo de Edipo con el complejo de Electra. Resulta del todo conmovedora la ocasión en que Raquel Argandoña rompió el silencio para hablar con Amaro Gómez Pablos sobre los involucrados en el crimen: la víctima, su ex pareja, y el imputado, su hijo. En una parte se remite a una frase que tiene su equivalente en la historia de Marco Aurelio con el Emperador Cómodo: “Nosotros fallamos como papás”. Durante ese lapso, una acongojada Raquel hace su respectivo mea culpa en la entrevista y habla también por Hernán Calderón –Tus defectos como hijo son mi fracaso como padre-. Quizá, por primera vez en la historia mediática de la familia, pudimos apreciar en vivo el lado más sensible de Raquel, ciertamente, porque semejante dolor abre una llaga, una herida abierta expuesta al ojo público, y era su responsabilidad como figura dar la cara. Son los costos de transformarse en una celebridad; mantener una apariencia, un modelo de vida a costa de lo más sagrado: la intimidad. ¿Será acaso bajo este escándalo mayúsculo que podemos apreciar a la verdadera familia Argandoña, su cualidad humana, bajo la autenticidad de su dolor, los fatales efectos de unos lazos fracturados y el riesgo de una vida completamente capturada por la mediatización de su propia imagen? Cría una reputación insostenible en el tiempo y no te quitarán jamás los ojos de encima, ni siquiera en tu miseria, sobre todo en tu miseria. El estereotipo ha sido roto, en aras de una cruda verdad. Atrás quedó la inocua familia envidiable. Ahora toca recobrar la honra perdida, producto de la disfuncionalidad, y enfrentar a la justicia como el resto de los mortales, más allá de la ilusión de la pantalla. Aunque, precisamente por este hecho, pienso que la familia Calderón Argandoña se ha liberado del peso de la superflua ilusión y han conseguido romper su careta televisiva mediante la catarsis de su fatalidad. Gracias a estos hechos sumamente dolorosos, vividos también por tantas otras familias disfuncionales, invisibilizadas por falta de medios y recursos, se puede empatizar realmente, se les puede reconocer ya no como modelos aspiracionales de un sistema enajenante, sino que como otros, con pleno sentido de humanidad, porque la tragedia iguala, porque la tragedia humaniza, nos vuelve susceptibles, desnudos frente al destino.

Dos procesos de naturaleza judicial corren en paralelo. Por un lado, se realiza la formalización del imputado Hernán Calderón hijo por parricidio frustrado o delito de lesiones en contexto de violencia intrafamiliar en contra de su padre, Hernán Calderón. Por otro lado, se debate en el plano político respecto a la huelga de hambre del condenado Celestino Córdova, la cual pasaría a ser huelga de hambre seca con motivo de su protesta para ser excarcelado y cumplir su pena en una comunidad mapuche. Esto mantiene en suspenso el proceso penal mediante la deliberación de las negociaciones entre el Ministerio de Justicia y la vocería del machi. ¿Qué relación puede existir entre estos dos procesos judiciales tan disímiles? Pues, que dejan entrever los vericuetos legales y las implicancias culturales y políticas de nuestra jurisdicción. Del caso Calderón –aún en etapa investigativa- se puede afirmar que la presión mediática –como ha señalado un abogado y un ex fiscal involucrado en el caso- es capaz de influir directamente en los fallos de la justicia, siendo su carácter de connotación pública un factor de peso que incline decididamente la balanza hacia un lado u otro. Esto genera la sensación de que, en efecto, el acceso a la justicia no es igual para todos, independiente de que así esté escrito, y que la condición mediática y económica de los implicados sí hace la diferencia a la hora de su procesamiento, lo cual, ante el rostro imparcial de la ley, no debería ser. Del caso del machi condenado por el crimen contra la familia Luchsinger Mackay se puede señalar que influyen otras aristas, como es el tema de la causa mapuche en el territorio de la Araucanía, a la cual se suma la participación de grupos considerados “terroristas” por el gobierno de turno, situación que a su vez influyó en el fallo judicial, presionando para que el crimen imputado fuese calificado precisamente de terrorista y sentara un precedente para todas las sublevaciones de ese tenor en la zona sur del país. Por eso mismo, se avivan las tensiones entre el Estado chileno y ciertos bandos militantes asociados a la causa mapuche, a propósito del caso del machi, para generar un conflicto tal que empuje a una de las partes a ceder ante los términos de la otra. En definitiva: ¿será condenado finalmente Hernán Calderón hijo por lesiones o parricidio? ¿Seguirá adelante su padre con la denuncia, pese a las ulteriores consecuencias? ¿Celestino Córdova radicalizará su huelga en aras de la libertad? ¿El gobierno pondrá mano dura, mantendrá su oferta o se verá obligado a ceder, con tal de no recrudecer la situación en la Araucanía? De la justicia deviene un mantra de poder, y Chile hoy por hoy se ha vuelto el escenario y al mismo tiempo el espectador que atestigua ese devenir.

El problema con Hugo Gutiérrez, el diputado comunista que impuso su presunta autoridad ante el control de efectivos militares, no es tanto su caso particular como el hecho de que representa una actitud que se repite mucho entre aquellos que se adjudican una entidad mayor mediante una ínfima cuota de poder. Nuestra soberbia y granada clase política está plagada, en este caso, de “Hugos Gutiérrez”, solo que no han sido advertidos ni reconocidos. ¿Qué sería de un Estado chileno manejado enteramente por estos “Hugos Gutiérrez”, afianzados en sus plazas bajo el lema de “yo soy la autoridad aquí: fui elegido por el pueblo”? Lo más patético es que con esto pretendía identificar a un sector de la ciudadanía en contra de lo que representan en el imaginario los militares (fuerza, coacción, injusticia), cuando lo único que consiguió fue provocar la asimetría, darse atribuciones especiales que no son tales frente a la fiscalización correspondiente. Demás está decir que este hecho propició que el diputado fuera procesado por el Tribunal Constitucional para su destitución, acusándolo de incitar a la alteración del orden público mediante la publicación de unos bizarros dibujos infantiles en los que aparecía él caricaturizado disparándole al presidente Piñera. Más allá de si corresponde o no este proceso, y aunque este emplazamiento pueda ser interpretado como persecución política o una aberración jurídica, no deja de graficar un episodio desafortunado, una enorme falta de tino, una mala jugada que ya le está pasando la cuenta y que está siendo explotada y aprovechada astutamente por el oficialismo para atacar al propio Partido Comunista y, de paso, a parte de la oposición (siempre con miras hacia la batalla campal en las urnas de octubre). No es por hacer juicios de valor, pero si el diputado se precia de democrático, debería poder comprender que el susodicho episodio no favorece en nada su posición ni la de su bancada, y lo único que consigue al justificarse es replicar una lógica reaccionaria, la representación de una soberanía popular velada con la máscara de la representatividad política que no es otra cosa que una proyección de su grandísimo ego.

 "También resulta que la vida de la que hablan

con horrorosas ganas es una cita

de la cual olvidaron la referencia". 

La provincia de ultramar, A. Bresky.

-Profe, ¿usted cree en la pena de muerte?-, preguntó la alumna durante la clase en línea, bajo el contexto del contenido sobre el discurso dialógico, cuando presentaba un ejemplo de un debate como texto argumentativo con tema polémico. Le repliqué que se trataba de una muy oportuna pregunta, a propósito del caso Ámbar. En lo personal le respondí que no creía en la pena de muerte, sin dar mayores explicaciones. –Si quiere por interno le explico por qué-, atiné a decir. La alumna, en cambio, convencida de su creencia, dijo que sí creía en la pena de muerte, pero que tampoco iba a explayarse por este medio. Solo quería saber mi opinión al respecto, porque le serviría para un trabajo que estaba haciendo para Lenguaje común. De ese modo, la clase en línea continuó, a medida que seguía la revisión del ejemplo del debate. La pregunta ex profeso se instaló en la conciencia de los presentes. Así es como una pregunta relacionada con la muerte teñía ahora con un velo de incertidumbre y desasosiego el ánimo pedagógico.

A raíz del caso Ámbar volvió a salir a la palestra el tema de la pena de muerte. Anteriormente ya había vuelto a salir con el caso de la pequeña Sophie. La pena de muerte fue derogada en Chile durante el gobierno de Ricardo Lagos, amparándose en tratados internacionales sobre derechos humanos, incluso el último condenado fue indultado por Eduardo Frei Ruiz Tagle en los noventa (caso Cupertino Andaur). Él pronunció las siguientes palabras tras el indulto: "No puedo creer que para defender la vida y castigar al que mata, el Estado deba a su vez matar. La pena de muerte es tan inhumana como el crimen que la motiva. Sólo Dios da la vida, sólo Dios puede quitarla". Un debate que mantiene dividida a la clase política y a la ciudadanía en un nivel humano con posiciones a ratos irreconciliables. La pregunta hoy por hoy es ¿la pena de muerte es realmente justa? ¿Compensa el daño de crímenes tan atroces como los de Ambar o Sophie? Ante estas preguntas, sale a colación el rol del Estado respecto al monopolio de la violencia y también el de la justicia. Están quienes, imbuidos por la sensibilidad humana que producen estos casos extremos, abogan por la pena de muerte para sujetos que no merecen una segunda oportunidad, dada la gravedad de sus crímenes y que, a los ojos de la sociedad, solo deben ser borrados del mapa. Hay también datos y argumentos racionales para justificar el restablecimiento de la pena. Por ejemplo, en el hecho de que el Estado Chileno gasta alrededor de 700 mil pesos en un preso y solo cerca de 40 mil en un estudiante público, poniendo en perspectiva el tema de los valores. ¿Qué pesa más: un estudiante o un preso? Se preguntan en base a estos datos fácticos. ¿Dónde están las prioridades del Estado chileno con respecto a la ciudadanía? A partir de esto, se deduce que mantener de por vida a un preso condenado por crímenes repudiables sería una injusticia para el círculo más intimo de las víctimas, quienes deberán pagar con sus propios impuestos la estadía carcelaria del victimario. 

Pero por otra parte, están los que plantean que la pena de muerte resulta una medida inviable, ya no tanto desde el punto de vista de los derechos humanos de los condenados, sino que desde la crítica al aparato represor del Estado que, al plantearse la posibilidad legal de dar muerte a ciertos condenados, puede caer en una deriva peligrosa rozando el accionar fascista, y con ello, desembocar en la corrupción de condenar a muerte a posibles inocentes o a sujetos acusados simplemente por motivos políticos. En este punto se enarbola la importancia del garantismo que algunos cuestionan al proteger demasiado a los delincuentes, pero que permite a todos los ciudadanos contar con al menos una base de derechos básicos y fundamentales, frente a la acción punitiva de este gran Leviatán. Además se plantea que la pena de muerte, aun siendo implementada, tampoco garantiza que a futuro acabe la comisión de aquellos crímenes que la justicia social condena con el linchamiento total. Se han mostrado cifras para sostener que aquellos estados en los cuales la pena de muerte se implementó no bajaron considerablemente sus índices de criminalidad, y como solución a largo plazo, en cambio, confían en que todo pasa por una reeducación de la sociedad para crear las condiciones necesarias que a futuro hagan improbable la existencia de delincuentes y criminales. Esa es la vía idealista que condena de por sí la pena de muerte. No victimiza a los condenados, como aquellos que son partidarios de la cadena perpetua (aduciendo que los condenados son consecuencia de un sistema enfermo), sino que toma partido por las personas que vienen, abrigando todavía, y a pesar de la injusticia y la maldad reinantes, una cierta esperanza en la humanidad. 

En suma, apoyar o rechazar la polémica pena de muerte implica legitimar algunas de las razones aquí expuestas, y ello conlleva un profundo dilema ético relacionado con el sentido de la justicia. Surgen entonces nuevas preguntas a propósito de esta discusión, preguntas que dejan la puerta abierta para interpretaciones: si lo justo es dar a cada quien que lo merece de acuerdo a derecho ¿sería realmente justo matar a quien mata? ¿Es eso justicia o venganza, bajo la ley de talión? ¿En ese caso, el Estado es realmente un ente legítimo para deliberar esa acción? ¿Dar muerte a alguien que le arrebató la vida a otro, finalmente, de acuerdo a un cierto sentido de proporcionalidad, compensará la pérdida de esa vida y el daño que esta provoca en la sociedad? ¿Lo correcto es lo justo siempre? ¿Para quién o para quienes? Las respuestas a estas preguntas, insisto, solo pueden ser respondidas en base a elecciones y convicciones personalísimas, que serán, a la larga, el reflejo de cada persona.

Tras la terrible muerte de Ámbar, aparece ante el ojo público la figura de la jueza Silvana Donoso, ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, quien autorizó la libertad condicional del principal sospechoso, Hugo Bustamante, el “asesino del tambor”, pese al informe desfavorable otorgado en su momento por gendarmería. Las manifestaciones en su contra pronto se hicieron notar, siendo señalada como cómplice indirecta del hecho de sangre. Silvana Donoso había justificado la decisión de dejar suelto a Bustamante, aduciendo precisamente que la libertad condicional no es un beneficio, sino que un derecho, y que era el resultado del mecanismo legal llevado a cabo por la comisión presidida en ese tiempo por ella (no olvidar que esa comisión estaba conformada, en su totalidad, por cuatro mujeres y dos hombres). Lo más irónico de todo es que la jueza integró hace algún tiempo la presidencia de la Mesa de Género de la jurisdicción de Valparaíso. Incluso tuvo la oportunidad de expresar ante la prensa su compromiso con las mujeres víctimas que representaba en diferentes casos. Actualmente, y luego del conocimiento mediático del caso Ámbar, Silvana Donoso ha sido requerida por la masa crítica. Ella ha optado por guardar silencio. Seguramente debe estar viviendo, en su fuero interno, una inmensa contradicción ética y vital, o tal vez, debe estar convencida de haber tomado una decisión correcta ajustada a derecho, con el apoyo de más de treinta abogadas de Chile. La mayoría de la gente, indignada frente a la sensación de impunidad, no ha cesado de apelar a la llamada “puerta giratoria” de la justicia chilena. ¿Qué razones cabrían ante semejante muestra de prevaricato? ¿Cómo podrá justificar la jueza, hoy por hoy, su decisión bajo este catastrófico panorama? Si se trata de buscar responsables, se podría individualizar hilando fino con nombres y apellidos o, por el contrario, generalizar apelando a algo más estructural, como lo son las cuestionadas políticas públicas de protección a menores. Nuevamente, la ética frente a los otros, frente a la sensibilidad y seguridad de la sociedad, confrontada con la lógica interna del sistema. Dicen que la justicia es ciega, no tanto por imparcial, como por querer ver solo lo quiere ver. Dicen que lo justo dista mucho de lo legal. Dicen que la libertad de unos termina donde empieza la de otros. En vista de los hechos, la conciencia de Silvana Donoso seguirá siendo interpelada, mientras no se dicte una sentencia condenatoria contra el inculpado. A veces la ley del karma pareciera nivelar un desequilibrio no del todo visible. El macabro juego de las decisiones y las consecuencias.

En una misma semana, la ya conocida lucha de cierto grupo de mapuches en la Araucanía se ha acrecentado con el contexto político del virus y la lucha mundial contra el racismo; un desastroso incidente ha sucedido en el Líbano durante su peor momento histórico, producto de una explosión de material químico supuestamente accidental; y en Villa Alemana, la justicia emprende grandes esfuerzos para tratar de dar con el paradero de una joven llamada Ámbar, cuya madre está emparejada con el famoso “asesino del tambor”, de quien se sospecha pudo haber tenido alguna responsabilidad en su desaparición. 

¿Qué tiene en común estos tres hechos en apariencia tan distantes entre sí? ¿Qué hilo subrepticio los une? Pues, que todos ellos configuran una muestra del escenario de incertidumbre y de horror que estamos viviendo durante el 2020. Y todo indica que se vienen cosas peores. Ni Camus hubiera podido intuir un momento de la historia tan brutal y absurdo. Ni la ciencia ficción más distópica hubiera podido concebir un futuro tan enrevesado y desesperanzador. Solo resta que el curso de la historia decante, venga lo que venga, y que nos pille confesados antes de que sea demasiado tarde.

Durante el último tiempo, se han intensificado los conflictos en la Araucanía específicamente en Temuco, Valdivia y varios otros puntos como las zonas de Curacautín y Collipulli. Todo ha adquirido ribetes aún más peligrosos en el contexto de la lucha mundial contra el racismo, actualizada ahora a la causa mapuche. Por un lado, los sectores del progresismo alegan una discriminación racial sistemática contra los mapuches, apelando a la lucha milenaria por sus tierras usurpadas. Por otro, los sectores del oficialismo condenan los hechos de violencia ocurridos en la Araucanía, producto de lo que ellos llaman actos de terrorismo, camuflados bajo la causa mapuche y orquestados por la izquierda para desestabilizar el clima político en el país. Para unos, el Estado chileno ha sido el principal opresor y usurpador, y ya es hora de que detenga su violencia. Para otros, las instituciones y el Estado de derecho han corrido el peligro de caer ante el caos y la falta de orden público. Todo indica que ese será el tenor de las relaciones ideológicas de aquí a fin de año, con miras al Plebiscito por una Nueva Constitución, y la cosa cada día se agudiza aún más con el escenario de la peste. No cabe ningún consenso ni diálogo en esto, para quienes promulgan la edulcorada democracia de nuestra soberanía. Evidentemente, se suma la beligerancia del 18/10 con la cuestión social del covid para generar el caldo de cultivo necesario de una guerra cultural sin cuartel.