DECLARACIÓN PÚBLICA
El 13 de septiembre de 1973, en la primera oportunidad en que pudimos reunirnos, 13 camaradas encabezados por Bernardo Leighton, Ignacio Palma y Renán Fuentealba, llamados más adelante el Grupo de los 13, suscribimos una declaración en que condenamos sin reserva alguna el golpe de Estado civil militar que derrocó el gobierno del presidente Salvador Allende.
Asimismo, fuimos decididos opositores a la Constitución de la dictadura, aprobada fraudulentamente en 1980. Por lo mismo, apoyamos los numerosos cambios hechos en democracia, desde la derogación del artículo que declaraba ilegales a los partidos inspirados en la doctrina marxista hasta la eliminación de los senadores designados y la eliminación del sistema binominal, en pos de fortalecer la democracia y la tolerancia en nuestra patria.
Consecuentemente, quienes aún estamos activos, apoyamos con entusiasmo y votamos favorablemente en el plebiscito de octubre de 2020, esperanzados en tener una nueva Constitución. Ella debía ser una norma que consagre los derechos fundamentales reconocidos universalmente y un sistema político que permitiera gobernar a quienes la voluntad popular les entregase ese mandato, con respeto a los derechos de la oposición y de las minorías. Queríamos fortalecer un Chile republicano, demócrata y unitario, con una Constitución que una a todos los chilenos.
Sin embargo, el texto aprobado por la Convención Constituyente, si bien consagra derechos sociales y se aboca a algunas de las preocupaciones principales de la ciudadanía, lo que compartimos decididamente, contiene artículos que atentan gravemente contra aquellos valores y principios que siempre hemos defendido.
Establece un sistema político que termina con una larga tradición de nuestro sistema democrático, el que se funda en la independencia y colaboración de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En lo que se refiere al Poder Ejecutivo, el presidente de la República carecerá de la iniciativa exclusiva para los proyectos de ley relativos al gasto público y en materias previsionales, y en materia de seguridad pública, en los estados de excepción constitucional elimina el estado de emergencia, herramienta necesaria para resguardar a la ciudadanía en casos graves.
Respecto al Poder Legislativo, no existirá el necesario contrapeso entre las dos cámaras para la formación de las leyes, ya que no hay simetría entre el Congreso de los Diputados y Diputadas y la llamada Cámara de las Regiones, con la consiguiente e inexplicable eliminación del Senado.
El Poder Judicial también desaparece y se crean los Sistemas Nacionales de Justicia, separando los tribunales ordinarios de los propios de pueblos originarios, en los que la facultad jurisdiccional queda entregada a autoridades de esas etnias.
Se crea un Consejo de la Justicia con amplias atribuciones, en que los jueces son minoría. Está integrado por 17 personas, entre ellos dos representantes de los pueblos originarios y cinco elegidos por el Congreso, lo que abre la posibilidad de injerencia de otros actores en las atribuciones del Poder Judicial.
Además, el sistema electoral se distorsiona con escaños reservados, lo que nos hace recordar a los senadores institucionales (designados) de la Constitución de Pinochet. Estamos frente a un proyecto de Constitución que deja preparado el camino a la posibilidad de una dictadura populista de cualquier signo.
Estas son algunas de las disposiciones que nos llevan a rechazar categóricamente, en conciencia, la propuesta de la Convención Constituyente que será plebiscitada el próximo 4 de septiembre. Creemos que Chile necesita una Constitución moderna, inclusiva y respetuosa, que garantice la unidad y la igualdad ante la ley de todos los chilenos, para que las futuras generaciones puedan desarrollarse en un país más justo y democrático.
Belisario Velasco Baraona
Baldemar Carrasco Muñoz
Jorge Donoso Pacheco
Santiago, julio de 2022